Este miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en El Salvador declaró anticonstitucional la conocida Ley General para la Consolidación de la Paz de 1993. Esta normativa impedía la investigación, procesamiento y sanción de las personas que cometieron crímenes durante la guerra civil, que se produjo en el país durante 1980 y 1992.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que esta ley va contra la protección de los derechos fundamentales, porque impide que se puedan cumplir las obligaciones de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones de derechos que se cometieron durante el conflicto.

En la guerra civil de El Salvador murieron 75.000 personas y hubo 8.000 desaparecidos, mayoritariamente civiles. Un millón de salvadoreños se vieron obligados a emigrar, en especial a Texas, Los Ángeles y Washington.