El fracaso de las negociaciones en la política española y la posibilidad, cada vez más nítida, de tener que repetir elecciones generales en junio ha resucitado el debate sobre el coste y el formato de las campañas electorales. Acortarlas supondría “una buena noticia”, dijo este lunes el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, “para no atormentar a los ciudadanos con dos semanas de mítines”. Hacerlo precisaría cambiar la ley electoral, pero los partidos comparten, en general, la necesidad de que sean más austeras.

La vicepresidenta declaró la pasada semana que haría falta “un gran acuerdo”. El gasto de las últimas elecciones, sin contar la campaña de cada partido, ascendió a 130 millones de euros.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la campaña dura 15 días y el Estado subvenciona parte de los gastos.

La pérdida de apoyos en las pasadas elecciones ha supuesto una considerable merma de ingresos para los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP. Sin embargo, cambiar el formato de las campañas supondría modificar la ley electoral y no es posible hacerlo antes de junio.