Máxima tensión entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes

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Manifestación por la independencia de Cataluña. Imagen de archivo.
Manifestación por la independencia de Cataluña. Imagen de archivo.

A medida que se acerca la fecha de la convocatoria para el referendo secesionista catalán, aumenta la tensión entre el Gobierno central y las caras más conocidas del independentismo.

El último episodio ha sido el cierre por orden judicial de la web oficial del referéndum. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compartió por Twitter nuevos dominios para acceder a la página.

Trascendió que ayer agentes de la Guardia Civil se presentaron en la empresa CD Mon de Malgrat de Mar en Barcelona, que gestionaba el servidor de la web del referéndum, y han entregado una orden judicial de cierre.

Perola Generalitat difundió dos nuevos enlaces que replican la página web clausurada.

Mientrastanto, Puigdemont informaba por Twitter del cambio de ubicación de la web: “La web del referéndum está disponible desde otra dirección. Entrad a través de este enlace: ref1oct.cat”, ha escrito el president, que ha añadido: “Y también la encontraréis en ref1oct.eu. Hay mucha gente accediendo de golpe a los dos dominios”.

700 alcaldes bajo amenaza

En otro intento por frenar el referéndum, la Fiscalía General ordenó el a las cuatro fiscalías provinciales de Cataluña que citen a comparecer a los más de 700 alcaldes catalanes que respaldan el referendo del 1 de octubre.

Según un oficio del fiscal general, José Manuel Maza, si los alcaldes se niegan a comparecer para declarar, los Mossos d’Esquadra deben detenerles y presentarles en la fiscalía correspondiente.

Tanto la realización del referendo como la llamada ley de ruptura impulsada por Puigdemont y el Govern fue suspendido por el Tribunal Constitucional que lo considera ilegal.

Los alcaldes citados se comprometieron a ceder locales para celebrar el referendo.

La Fiscalía considera que con esa acción se incurriría en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, penado este último con hasta ocho años de prisión.