La denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana de que la Policía Federal ejecutó de forma arbitraria a 22 civiles en 2015 pone de nuevo en la mira a las fuerzas del orden tras los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, aunque el Gobierno rechaza la acusación y alega que fue “legítima defensa”.

El informe de la CNDH sobre lo ocurrido el 22 de mayo de 2015 en el rancho del Sol, en el occidental municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, que acabó con 43 muertos, desvela un uso excesivo de la fuerza por los agentes que acabó con la vida de civiles, así como tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez declaró en una conferencia de prensa que la policía había cometido graves violaciones contra los derechos humanos.

Un total de 43 personas, entre ellas un oficial de policía, murieron en el rancho y 22 de esas muertes fueron el resultado de “ejecución arbitraria,” dijo el presidente  al presentar las conclusiones de la investigación de la comisión.

“El uso excesivo de la fuerza” era la causa de otras cuatro víctimas mortales civiles y una quinta persona parecía haber sido atropellada por un vehículo, según el informe.

Las autoridades han sostenido que las muertes en el Rancho del Sol tuvieron lugar en el transcurso de un tiroteo entre la policía y los sospechosos.

La comisión, sin embargo, determinó que la policía había manipulado la escena mediante la colocación de armas junto a 16 cuerpos y que los agentes implicados presentaron falsas cuentas de los eventos.

Los médicos forenses del mismo modo fueron criticados por irregularidades en las autopsias y los retrasos en la devolución de los cuerpos a sus familias.

En respuesta al documento de la comisión de derechos, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de México rechazó la caracterización de las ejecuciones arbitrarias y defendió la actuación de la policía.